Luis Oscar Ortiz

—Segunda y última parte—

La entrega pasada hablábamos del Informe Anual 2009 de Human Rights Watch (HRW) –una de las organizaciones no gubernamentales (ONG) líderes en el mundo dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos—, en donde se puede consultar el capítulo dedicado a México, el Informe hace un balance sobre la situación de los derechos humanos en México y donde el gobierno mexicano sale mal librado.

En el caso de la violencia contra las mujeres, el Informe asevera que las leyes mexicanas no protegen adecuadamente a las mujeres y niñas de la violencia doméstica y el abuso sexual. Algunas disposiciones son abiertamente contrarias a los estándares internacionales, como aquellas que establecen sanciones para algunos delitos sexuales en función de la “castidad” de la víctima, o penalizan la violencia doméstica únicamente cuando la víctima ha sido golpeada en reiteradas oportunidades. Las garantías legales existentes no suelen aplicarse con suficiente firmeza. Las niñas y mujeres que denuncian ante las autoridades haber sido víctimas de violación o violencia generalmente se enfrentan a una actitud de sospecha, apatía y menosprecio. Por ello, las víctimas suelen ser renuentes a denunciar los delitos, y esta falta de denuncia, a su vez, frustra la promoción de las reformas legales necesarias. Como resultado, prevalece la impunidad por la creciente violencia sexual y doméstica contra mujeres y niñas.

En agosto de 2008, la Suprema Corte de Justicia de México confirmó la constitucionalidad de una ley del Distrito Federal que legalizó el aborto practicado durante las primeras 12 semanas de embarazo. Sin embargo, el aborto continúa estando penalizado en el resto de México, y durante 2009 varios estados intentaron incorporar el derecho a la vida del no nacido en sus constituciones. Si bien todos los estados permiten el aborto en determinadas circunstancias específicas, como luego de una violación, el trato displicente y hostil impartido por las autoridades a las víctimas de violaciones que desean interrumpir su embarazo no deseado muchas veces logra que desistan de llevar a cabo esta práctica. La actividad sindical legítima continúa siendo obstaculizada por los convenios colectivos negociados entre los sectores gerenciales y los sindicatos afines a estos. A menudo, estos convenios no ofrecen a los trabajadores otros beneficios que los mínimos impuestos por las leyes mexicanas.

En material del derecho al trabajo, los trabajadores que intentan organizar sindicatos independientes se exponen a perder sus empleos, ya que las leyes inadecuadas y su ejecución deficiente por lo general no los protegen frente a despidos dispuestos a modo de represalia. La institución oficial de derechos humanos de México ha ofrecido información detallada y autorizada sobre casos específicos de violaciones de derechos humanos y ha identificado algunos obstáculos sistémicos que se interponen al avance de derechos fundamentales. Sin embargo, pese a su amplio mandato y a sus importantes recursos, en general no ha exigido a las instituciones gubernamentales que reparen los abusos documentados ni ha promovido las reformas necesarias para evitarlos. En noviembre de 2009, el Senado designó a un nuevo presidente de la Comisión por un mandato de 5 años.

En lo que respecta a asuntos internacionales, la Iniciativa Mérida es un paquete de asistencia de varios años de duración acordado en 2007, mediante el cual los EUA han proporcionado a México fondos por $ 1,351 millones de dólares destinados a abordar los niveles crecientes de violencia y corrupción por parte de poderosos carteles de narcotraficantes. Al autorizar los fondos, el congreso estadounidense determinó que la mayor parte de la asistencia para las fuerzas de seguridad mexicanas estaría disponible inmediatamente, pero que el 15 % de la mayoría de los fondos sólo se entregarían una vez que la Secretaria de Estado de los EUA informara al Congreso que el gobierno mexicano ha cumplido cuatro requisitos sobre derechos humanos: garantizar que los agentes del ministerio público y las autoridades judiciales del fuero común o federal investiguen y juzguen a los policías federales y a los militares que violan los derechos fundamentales; consultar periódicamente a las organizaciones de la sociedad civil mexicanas sobre la implementación de la Iniciativa Mérida; hacer cumplir la prohibición de utilizar aquellas declaraciones que se obtengan mediante tortura u otros tratos degradantes; y mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de las fuerzas policiales.

Sin embargo, la efectividad de estos requisitos se vio debilitada cuando en agosto de 2009 el Departamento de Estado de los EUA emitió su primer informe acerca de los requisitos sobre derechos humanos de la Iniciativa Mérida, en el cual no se analiza si estos fueron cumplidos por México ni se demuestra que México esté asegurando que las autoridades civiles investiguen los abusos. El Congreso autorizó la entrega de una parte de los fondos retenidos, pero solicitó información adicional que debía ser incluida en el próximo informe del Departamento de Estado.

En diciembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que emite sentencias vinculantes, decidió que México era responsable por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, cometida por militares durante la “guerra sucia”, y por la impunidad del caso. La Corte ordenó al estado que investigara adecuadamente los hechos y determinara los responsables, que adoptara diversas medidas de reparación y que modificara el Código de Justicia Militar para adecuarlo a estándares internacionales.

En 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos remitió también otros tres casos sobre abusos militares en Guerrero a la Corte Interamericana. Los casos involucran la detención arbitraria y tortura de dos activistas ambientales en 1999, y la violación sexual de dos mujeres indígenas en 2002. En 2009, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas realizó el Examen Periódico Universal de México. El gobierno mexicano apoyó la mayoría de las recomendaciones destinadas a mejorar sus prácticas de derechos humanos, pero no aceptó aquellas que cuestionaban el uso de tribunales militares para juzgar los abusos del Ejército. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la ex presidenta de Irlanda Mary Robinson, mantiene una oficina en México que provee valiosa documentación sobre los problemas de derechos humanos y ofrece recomendaciones para superarlos, como su informe de 2009 sobre la situación de los defensores de derechos humanos en el país.

Fuentes consultadas:

http://www.hrw.org/es, consultada el 25 de enero de 2010.

http://es.wikipedia.org/wiki/Human_Rights_Watch, consultada el 25 de enero de 2010.

luisoscar_ortiz@yahoo.com.mx